El Poder Ejecutivo envió al Congreso de la República un proyecto para sancionar a las personas que realizan interceptaciones telefónicas.
“Estamos proponiendo esta modificación para este tipo de delito y busca establecer una pena desde 4 años para adelante, dependiendo de la información interceptada y su gravedad”, indicó el ministro de Justicia, Daniel Figallo.
“En la actual normativa la pena iba de 1 a 3 años, pero ahora se está incrementando porque afecta la intimidad de las personas, que está protegida por la Constitución Política. Podría incrementarse a 15 años”, declaró en una entrevista a la agencia Andina.